La nueva Ley de Tasas es un atentado frente a nuestro Estado de Derecho y a la tutela judicial efectiva por lo que tanto como Despacho de Abogados así como personalmente cada uno de nosotros nos mostramos totalmente en contra de semejante regulación.
De una forma muy sucinta sí que debe atenderse que las modificaciones dadas por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre van a tener unos efectos directos e inmediatos en Derechos que constitucionalmente han sido consagrados y especialmente protegidos hasta el momento.
La Ley 10/2012 es una violación al Estado de Derecho y a la división de poderes así como, objetivamente, a la tutela judicial efectiva consagrada en el Art. 24 CE puesto que limita el acceso a la Administración de Justicia a la gran mayoría de ciudadonos, amparándose en cuantías totalmente desorbitadas, tanto por su improcedencia como por su desmesurada cuantía.
Dichas valoraciones son, extrañamente, unánimes en todos los Agentes que intervenimos con la Justicia: Judicatura, Abogados y Procuradores que de forma íntegra y clara consideran incumplimientos flagrantes, cuanto menos de la tutela judicial efectiva, los que se dan con esta nueva Ley de Tasas que ni distingue entre lo que hasta la fecha era Gran Empresa del ciudadano o pequeña/mediana empresa; tampoco aplica parámetro progresivo alguno para el pago más que el de ser titular o no del Derecho de Justícia Gratuita (aproximadamente cobro anual por unidad familiar de cerca de 14.000€)
Motivos los citados por los que dicha controvertida Ley introducida tan precipitadamente por nuestro Legislador dará mucho que hablar y de bien seguro, será combatida por todos los Agentes que intervenimos en la relación con la Administración de Justicia.
En conclusión, y, muy sumariamente, con la nueva Ley se indica pretender que con las más que desproporcionadas e importantísimas tasas que recaude el Estado se financiará el Derecho de Justicia Gratuita –aún y cuando debe estarse y dotarse por su correspondiente partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado– dándose la paradoja que para dicho supuesto hecho, dejará sin la posibilidad a la Justicia a la gran mayoría de ciudadanos (personas físicas o jurídicas)
Como profesionales en el mundo de la Abogacía desde el 1980 nos mostramos íntegramente en contra de esta Ley que únicamente contribuye de forma decidida a crear una Justicia únicamente para los ricos, hecho que no podemos más que rechazar en atención a nuestra Constitución y en defensa del Estado de Derecho.
