14 agosto, 2020
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La okupación es un fenómeno que va en aumento, y para desgracia de los propietarios, la actual legislación no ofrece soluciones.
El polémico decreto de vivienda, aprobado por el Parlament a principios de este año, favorece esta situación de total desamparo que sufren los propietarios, debido básicamente a la nueva definición –más flexible– del significado de “vivienda vacía”. Esto perjudica sobre todo a los grandes tenedores, como los bancos, y a los propietarios particulares de segundas residencias, en las que es más difícil detectar el allanamiento antes de que hayan transcurrido las 72 horas.
Pasado este tiempo las Fuerzas de Seguridad del Estado ya no pueden aplicar un desahucio exprés, deberán esperar una orden judicial. Y ese es precisamente el objetivo de los allanadores, que conocen al dedillo cómo funcionan estos procedimientos legales: pasar inadvertidos las primeras horas de okupación para poder prolongar el máximo posible su estancia en la vivienda.
Así lo explica el abogado del bufete Sanahuja Miranda, Ignasi Vives, que señala que la ley desprotege al propietario: «Si te okupan la segunda residencia, porque has estado tres meses fuera, se considera que el inquilino está en lo que se llama ‘situación consolidada’, la policía ya no puede echarlo y hay que proceder por la vía judicial».
