2 abril, 2020
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Sanahuja Miranda denuncia en ABC «un exceso de burocracia» para solicitar los préstamos y «una carencia de fórmulas para inyectar de forma inmediata liquidez a los particulares».
El Gobierno ha extendido la ayuda a los inquilinos ante la crisis del coronavirus, que ha supuesto la destrucción de casi 900.000 puestos de trabajo hasta el cierre de marzo. Entre las medidas incluidas en el últim real decreto de medidas económicas se incluye una prórroga de seis meses para los contratos de alquiler de la vivienda habitual, la prohibición de ejecutar desahucios durante seis meses, la concesión de microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis año y ayudas directas de hasta 900 euros. Asimismo, se permite una moratoria de cuatro meses en el pago de la renta, si los propietarios son «grandes tenedores» como fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos.
«Las medidas pueden parecer beneficiosas para personas en situación de vulnerabilidad, pero hay un exceso de burocracia para solicitar las ayudas y una carencia de fórmulas para inyectar de forma inmediata liquidez a los particulares y empresas»
Ignasi Vives, abogado especializado en Derecho Inmobiliario del despacho Sanahuja Miranda.
