El 10 de junio de 2019 pasado entró en vigor la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tras años de elaboración y bajo la amenaza de una multa millonaria por parte de la UE ante el retraso acumulado en su implementación, la normativa, que traspone una directiva europea al ordenamiento español, fue aprobada el pasado 21 de febrero y supone cambios muy importantes en este tipo de préstamos. Silvina Palacios, abogada de Sanahuja Miranda, analiza este panorama en El País.
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