23 enero, 2019
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Si existe algo que puede lastrar a una tecnología disruptiva con vocación de permanencia, como el caso de los drones, es precisamente la inseguridad jurídica. Los expertos coinciden en que no contar con un marco regulatorio claro y vanguardista, que fije las pautas de actuación de un sector al que el Gobierno augura un éxito económico superior a 10.000 millones de euros en 2035, puede resultar peligroso cuando están en juego derechos fundamentales de las personas y limita el potencial de un sector que en España comenzó con buena pinta.
Fernando Sanahuja, abogado de Sanahuja Miranda, reconoce la regulación es “antigua y con muchas lagunas y problemas”. Ello provoca que legalmente prácticamente nadie pueda volar en ningún lado. “Con la ley en la mano, es muy difícil que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) apruebe el 99% de peticiones”, explica a Cinco Días.
